—¿Qué supone esta ley para las personas con discapacidad en Aragón?

 

— Es un paso importante y necesario. Aún tenemos que valorar el texto, porque públicamente no se ha difundido, pero estamos ante un comienzo positivo. Es una petición que teníamos hecha a la DGA desde el inicio de legislatura y que se contempla en el convenio que firmó el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) Aragón con el Ejecutivo. Actualmente nos encontramos con muchas leyes, que reconocen derechos, pero no disponemos de instrumentos para adecuarlos.

 

—¿Cree que llega tarde?

 

— Todas las leyes que, a día de hoy, todavía nacen para reconocer derechos e igualdades de las personas llegan tarde. Solo Andalucía la tiene aprobada. Lo que queremos es que el proceso administrativo sea cuanto antes y que los grupos parlamentarios no dilaten su aprobación. Somos un colectivo vulnerable. A veces se nos reconocen derechos, pero se quedan en un papel.

 

—¿Sienten discriminación?

 

—Depende de las discapacidades. Por ejemplo, en salud mental hay muchos tabús y estigmatización. En el resto también se dan situaciones complicadas, pero creo que el problema es la gran falta de empatía. Estamos en una sociedad demasiado individualizada y eso se nota. En el 2016, el informe de delitos por odio mostró un aumento de casos y, entre las personas con discapacidad, más.

 

—La ley pondrá a disposición instrumentos legales para poder denunciar. ¿Qué le parecen las sanciones de hasta un millón de euros por odio o humillación?

 

—Tener medios para denunciar es un gran avance. Si luego hay acuerdos para evitar la sanción, sea la cantidad que sea, mejor. Disponer de un instrumento legal a nuestra disposición es necesario porque eso ya nos da respaldo para denunciar cualquier discriminación. Además, la parte denunciada se expone a multas, algo inexistente hasta ahora. Actualmente, si consideramos que se incumple algo o que no se respetan nuestros derechos, lo decimos, pero ahí se queda. No hay ningún avance más.

 

—Pero disponen de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobada en el 2013.

 

—Sí, pero las competencias son de las comunidades. Lo que queremos es que en empleo, educación, sanidad o turismo en Aragón se nos reconozcan bien los derechos y ponerlos en práctica.

 

—La norma hace hincapié en las mujeres con discapacidad. ¿Se da una doble desigualdad?

 

—Absolutamente. Primero por ser mujeres y, después, por discapacidad. Pero a esto también se une el medio rural, la etnia, la orientación sexual… Hay mucha diferencia de género. Hemos trabajado con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) en el protocolo de violencia de género, con la especificidad de mujer o niña con discapacidad. Hay sobreprotección, sensación de infantilismo o de personas asexuadas. No se nos educa para que seamos nosotras las que decidamos y a veces no se nos cree.

 

—¿Por qué?

 

—Porque las entidades de mujeres nos dicen que existe un movimiento de la discapacidad y el movimiento nos dicen que hay colectivos de mujeres. Al final, estamos en un limbo. La discapacidad afecta a un 10% de la población y, en ella, un 60% somos mujeres. En el empleo, nuestra tasa es de un tercio frente a los hombres con discapacidad.

 

(Información publicada por El periódico de Aragón)